El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, en conjunto con la Asamblea Legislativa salvadoreña aprobaron un paquete de reformas de ley que endurecen las penas de cárcel para los pandilleros, además de la creación de un sistema de recompensas para quienes aporten información que lleven a su captura. Las leyes entraron en vigor junto con la determinación de “estado de excepción” dentro del país.
Después de un marcado aumento en el número de homicidios en El Salvador, ocasionados principalmente por las actividades de pandillas, se dictaminó el estado de excepción, donde se limitan los derechos de los ciudadanos y se intensifica el poder policial y militar. Las modificaciones a las leyes han llevado a un aumento de casi el triple en las condenas para los identificados como pandilleros, incluyendo a los menores de edad.
Dentro de las cárceles, la orden del presidente fue la reducción de las porciones de alimentación, así como el retiro de las colchonetas para dormir. Con cárceles sobrepobladas, las personas privadas de su libertad denuncian tratos inhumanos. Osiris Luna Meza, viceministro de Justicia y director general de Centros Penales, responde con mano dura a los señalamientos de organismos internacionales de derechos humanos.
Presidente @nayibbukele en los penales de Seguridad y Máxima Seguridad limitamos la alimentación, los pandilleros van a sufrir por el dolor que afuera causan sus "homeboys".
Aprenderán a respetar la vida de cada persona.
NI UN SOLO paso atrás en la #GuerraContraPandillas pic.twitter.com/NPRKJusE2o
— Osiris Luna Meza (@OsirisLunaMeza) March 31, 2022
Estado de excepción
Un estado de excepción es un periodo señalado por el gobierno en donde se toman medidas extraordinarias bajo situaciones especiales, con el fin de proteger el bien público. En el caso de El Salvador, se limitan algunos derechos fundamentales de la población. Además, se modificó el código penal para castigar con dureza a los pandilleros (ya considerados terroristas) y se aumentó en 80 millones de dólares el presupuesto de 2022 para la Policía y el Ejército.
Esta es una marcada “guerra contra las pandillas” y organizaciones criminales de El Salvador: Mara Salvatrucha-13, Barrio 18 Revolucionario y Barrio 18 Sureños, así como sus integrantes y personas que se relacionan y benefician de ellas. Sin embargo, la legislación ha mostrado ambigüedad en definir a quién se le considera pandillero.
Con ello, se suspende el derecho de la libre defensa, a ser debidamente informado de sus derechos y razones de arresto, así como a la asistencia de un abogado. Además, amplía de 72 horas a 15 días el plazo de detención administrativa y permite a las autoridades intervenir la correspondencia y celulares de quienes consideren sospechosos.
Otra reforma permite que un pandillero o colaborador pueda ser condenado sin ser escuchado por un juez. En cuanto a los jueces, se ha planteado que pueden ser anónimos en favor de su protección. El gobierno salvadoreño afirma que la suspensión de garantías constitucionales no afectará la libertad de expresión.
Condiciones en las cárceles
El decidido combate a la delincuencia llevó a la aprobación de modificaciones en las penas para los pandilleros que anteriormente eran de cinco a nueve años, en el caso de los líderes. Con el nuevo código, un niño de 12 años que pertenezca a una pandilla puede estar en prisión hasta diez años y si tienen entre 16 y 18 años será de hasta 20 años de prisión. Por si fuera poco, para los líderes de las agrupaciones, la pena ahora es de 40 a 45 años de cárcel, independientemente si se les comprueba delito alguno, para todos los casos.
El presidente Bukele, así como varios de los funcionarios de su gobierno han compartido videos de las nuevas condiciones en las que viven los internos de la cárceles, que, principalmente, reciben porciones de alimento reducidas a un pan y frijoles para el desayuno y una tortilla y frijoles para el almuerzo. Además, se ha visto la movilización de internos, quienes son desplazados solo portando ropa interior.
A través de sus redes sociales, los Centros Penitenciaros afirman que el presidente ordenó que la comida sea de menor calidad. Por otra parte, las colchonetas en donde los reos dormirán han sido retiradas, incluso se ha limitado las horas en las que los reclusos salen a las áreas comunes.
Las operaciones contra las pandillas solo han aumentado el número de personas en las prisiones salvadoreñas que, según información presentada por El Universal, ya son más de 16 000 pandilleros cumpliendo condenas. La Comisión Internacional de los Derechos Humanos (CIHD) clasificó a El Salvador como el segundo país con más encarcelados: 562 por cada mil habitantes.
Derechos Humanos
En algunos videos, los propios prisioneros son los que denuncian que las condiciones en sus celdas se han visto afectadas por el decomiso de objetos personales, instrumentos de limpieza y hasta los uniformes.
Organizaciones de derechos humanos han hecho una llamado al gobierno de Bukele para “revertir urgentemente todas las medidas que pongan en riesgo la vida e integridad de las personas que estén bajo custodia”, expresó la CIDH.
SALVADOREÑOS RECUERDEN:
Cuando los pandilleros asesinaron a decenas de personas inocentes, la CIDH no dijo NI UNA TAN SOLA PALABRA.
Pero no tardaron ni 1 día en condenar que nos pusimos más duros con ellos en las cárceles.
RECUERDEN siempre qué intereses representan ellos. https://t.co/7Al3y6rhlo
— Nayib Bukele (@nayibbukele) March 30, 2022
Amnistía Internacional ha señalado actos de represión contra personas inocentes por parte de las autoridades salvadoreñas. En las calles, mujeres y niños también son registrados por igual por militares armados con fusiles M-16.
No puede suponerse que todos los niños que viven en lugares de extrema pobreza o asediados por estructuras son colaboradores de las pandillas.
—Zaira Navas, abogada defensora de derechos humanos
Pactos con pandillas
El diputado de Nuevas Ideas, Jorge Castro, alegó que se está “legislando para [castigar] funcionarios y particulares que hicieron pactos [con pandillas] y para los partidos de la equina que se han sentado con estos grupos”. El diputado no señaló a Osiris Luna, actual director de penales, ni al director de Tejido Social, Carlos Marroquín, quienes han sido señalados y sancionados por Estados Unidos tras las negociaciones que sostuvieron con pandilleros mientras desempeñaban su cargo.
En un reportaje de El Faro se exponen con evidencia las negociaciones que el gobierno del presidente Nayib Bukele sostuvo en 2020 con las tres principales pandillas. Las negociaciones fueron documentadas por la Fiscalía General de la República a través de audios, fotografías, documentos y testimonios.
El miércoles 30 de marzo, la Policía Nacional Civil registró el primer día (el martes) sin homicidios. A cuatro días del estado de excepción se reportó la captura de más de dos mil pandilleros, una de las supuestas victorias del Plan de Control Territorial. Sin embargo, El Faro sugirió que la reducción de la violencia fue resultado de un supuesto pacto entre el gobierno y las maras, pero las autoridades lo negaron.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos expuso que el gobierno salvadoreño negoció en secreto con líderes de las pandillas y que, supuestamente, compró el apoyó de los grupos criminales a través de beneficios financieros y privilegios para sus lideres encarcelados, en los que sí incluían a prostitutas y teléfonos celulares.
A LA COMUNIDAD INTERNACIONAL:
Tenemos 70,000 pandilleros aún en las calles.
Vengan por ellos, llévenselos a sus países, sáquenlos de esta “persecución dictatorial y autoritaria”.
Ustedes pueden ayudar a estos angelitos, no permitan que les sigamos “violando sus derechos”. https://t.co/IzAkB2KfTY
— Nayib Bukele (@nayibbukele) March 29, 2022
