Los problemas para conseguir donadores es grave en los sistemas de salud de todo el mundo, sobre todo cuando la salud pública no está garantizada o cuando los donantes son pocos. En el caso de Estados Unidos es razonable suponer que si se está en la lista de espera para recibir una donación de órganos, se tenga que esperar entre tres y cinco años para obtenerla, por eso una nueva legislación le da nuevas esperanzas a los pacientes y sorprende a todos los demás.
Una nueva propuesta de ley en Massachussets podría ofrecerles salidas adelantadas a sus prisioneros si donan órganos o médula ósea. La potencial ley, propuesta por los representantes Carlos González y Judith García desde enero de 2023, podría ofrecer reducciones de entre 60 días y hasta de un año en sus sentencias. Claro, muchos defensores de los derechos humanos se han mostrado reacios a apoyar la propuesta, pero la ley está sobre la mesa.
Oye chico, se ve, que te sobran órganos
Judith García dice que la ley solucionaría muchos de los actuales problemas con el sistema penitenciario, entre otros que los prisioneros puedan donar órganos o médula ósea, pues actualmente no hay forma de que lo hagan, ni siquiera en beneficio de familiares. Dado que hay alrededor de cinco mil personas en la lista de espera en Massachusetts, la medida les daría posibilidades de obtener ayuda antes de “restaurar la autonomía corporal” a las personas en prisión, permitiéndoles hacer donaciones voluntariamente.
Según Carlos González, por medio de defensores que se encargarían de velar por los prisioneros, se permitiría determinar qué parámetros y lineamientos tendrían que seguirse para garantizar la claridad y transparencia en una política que permitiría que donar órganos y médula ósea fuera una decisión libre para los prisioneros, sin presiones ni juegos sucios. A cambio, se reducirían sentencias en no menos de dos meses y en no más de 365 días.
¿Por qué es tan controversial?
Hay organizaciones en Massachusetts que se oponen a la propuesta de ley, como Black and Pink, quienes creen que esta incentiva iniciar un programa de cosecha de órganos en el sistema correccional, según palabras de su director ejecutivo, Michael Cox. La rama de asuntos éticos de la Red Unida para el intercambio de órganos decía en 2014 que “cualquier propuesta que permita a una persona intercambiar órganos por libertad es en esencia problemática desde el punto de vista ético”.
Un antecedente de propuesta ley en 2007 que permitiría a prisioneros cambiar órganos por una reducción de hasta 180 días en su sentencia fue echada para atrás tras recibir múltiples críticas en Carolina del Sur, para luego instaurar un programa de donación voluntaria que acepta órganos sin dar nada a cambio. González dice que todo eso de la “cosecha de órganos” y hasta “tráfico de órganos” son exageraciones y su ley no tiene nada que ver con esos asuntos. Sin embargo, persiste la percepción de que la ley podría aprovecharse de la desesperación de los convictos.
Unos lo esperan, otros aún tienen sus dudas
Aunque tanto Judith García como Carlos González son demócratas, ni siquiera desde las filas de su propio partido obtienen un apoyo unificado. Por ejemplo, Ron Mariano, también demócrata y representante de Massachusetts, ha expresado públicamente sus dudas sobre la ley, diciendo:
Es la primera vez que escucho sobre este proyecto de ley y, sinceramente, mi primera reacción es pensar que algunos de estos tipos, los prisioneros, darían literalmente sus piernas para salir de donde están. No lo sé, me parece que se trata de un modo extremo de obtener una reducción de tu condena y, sinceramente, no estoy seguro de que tenga mucho sentido que exista una ley como esta o recurrir a ella.
Por su parte, González y García aseguran que la medida podría ayudar a subsanar la profunda desigualdad al momento de encontrar donadores adecuados para la población perteneciente a alguna minoría racial, pues según González, “más del 60 por ciento de los blancos logran acceder a una donación de médula compatible, mientras que la gente de color tiene menos del 50 por ciento de posibilidades de lo mismo, es demasiado desproporcionado”. Aun así, las minucias y detalles operativos sobre cómo se implementaría la ley siguen siendo desconocidos, ya que no se puede discutir públicamente una ley en pleno proceso de evaluación.