La policía peruana encontró una momia (persona momificada) prehispánica de entre 600 y 800 años en el interior de una mochila de repartidor de envío en la región de Puno, en la colindancia con Bolivia. El hombre que la transportaba dijo que ha estado en su familia por varias décadas. Además, la describió como su “novia espiritual”.
De acuerdo a los reportes, un grupo de amigos se encontraban ingiriendo bebidas alcohólicas en un mirador de Puno y al ser vistos por la policía, las autoridades procedieron a la revisión de los implicados. Uno de ellos portaba una mochila de repartidor, pero ninguno de los agentes esperó encontrar una momia en el interior, por lo que dieron informe y comunicado al Ministerio de Cultura.
Personal de la Dirección Desconcentrada de Cultura acudió para ver si se trataba de un robo de restos arqueológicos y verificó la autenticidad del bien cultural, añadiendo que tendría más de 45 años, una estatura promedio de 1.51 metros y que es proveniente, supuestamente, de la zona oriental de Puno. Julio César, el portador de la mochila, dijo que era el dueño y que tuvo que quedarse con ella luego de intentar donarla al Museo de Puno y fallar en el intento.
Sin embargo, la historia tras ello es que la familia había pedido una fuerte suma de dinero a cambio de la momia, que no fue concedida por el museo. La pieza histórica quedó a resguardo de la familia de Julio César, donde ha estado por más de 30 años, en su vivienda ubicada en el distrito de Patambuco, provincia de Sandia.
Según reportan los medios locales, Julio César les dijo a las autoridades que su familia había nombrado a la momia Juanita y que dormía con él. Además, se encargaba de cuidarla e incluso de darle paseos. Por su parte, el Ministerio de Cultura lo catalogó como un bien cultural prehispánico, por lo que dispuso de inmediato su custodia para proteger y preservar el patrimonio.
En su momento, la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco mencionó que no pudo incautarla, ya que si la momia sufría daños, sería responsabilidad de quien la transporte, incluido el Ministerio Público, por lo que solicitó una autorización al fiscal para proceder con su protección física y legal según lo dispuesto en la Ley N° 28296 de la Ley General el Patrimonio Cultural de la Nación. Por ello la Fiscalía abrió una carpeta de investigación.
